La medida ha generado polémica entre vendedores ambulantes, mientras el Distrito insiste en que busca ordenar el espacio público sin eliminar el sustento de miles de trabajadores.
La expedición del Decreto 117 de 2026 por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá desató un fuerte debate en la ciudad entre autoridades, vendedores informales y ciudadanía. La normativa busca regular el uso del espacio público bajo criterios de salubridad y seguridad, en medio de críticas por posibles afectaciones al derecho al trabajo.
Desde el Distrito, la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Lucía Bastidas, defendió el decreto y explicó que su objetivo es equilibrar el trabajo informal con la protección de la salud pública y el orden urbano. La medida incluye restricciones como la prohibición del uso de cilindros de gas y sustancias inflamables en las calles.
Uno de los puntos más controvertidos es precisamente la limitación al uso de pipetas de gas, común en la venta de alimentos como arepas o chorizos. Según Bastidas, estos elementos representan un riesgo si no se manipulan bajo condiciones adecuadas, por lo que se plantea la creación de zonas especiales y alternativas como espacios organizados o food trucks que cumplan con la normativa.
La funcionaria también hizo énfasis en los problemas de salubridad asociados a algunas prácticas informales. Señaló que la manipulación de alimentos en condiciones inadecuadas puede afectar la salud de los ciudadanos, al tiempo que advirtió sobre riesgos en servicios como peluquería, tatuajes o incluso procedimientos odontológicos realizados en plena vía pública sin controles sanitarios.
Otro de los objetivos centrales del decreto es recuperar el control del espacio público, que según la administración ha sido ocupado en algunos casos por estructuras ilegales. En ese sentido, el Distrito busca diferenciar entre vendedores vulnerables y aquellos que operan de forma más organizada, promoviendo procesos de formalización con apoyo de entidades como el Instituto para la Economía Social.
Pese a las explicaciones oficiales, el decreto ha generado inconformidad y protestas entre vendedores informales, quienes temen perder su sustento. No obstante, la administración insiste en que la medida no busca eliminar estas actividades, sino regularlas bajo reglas claras. Con este decreto, Bogotá enfrenta un nuevo reto en la gestión del espacio público, en medio de tensiones entre orden, trabajo y derechos ciudadanos.
Por: Daniel Martín
Foto: Alcaldía de Bogotá
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