
María del Mar Pizarro denuncia que la multinacional habría explotado nacimientos de agua sin permisos y con graves daños ambientales
La representante a la Cámara por Bogotá, María del Mar Pizarro, denunció públicamente a la multinacional Coca-Cola por presuntas irregularidades en la explotación de manantiales en Santa Elena, zona rural de La Calera, Cundinamarca. Según la congresista, la compañía habría operado durante años sin los permisos necesarios y actualmente estaría buscando una prórroga de concesión que, en su criterio, es contraria a la legislación ambiental vigente.
Pizarro aseguró que la planta de la empresa habría explotado siete nacimientos de agua de forma ilegal, e incluso denunció que algunos habrían sido cubiertos con cemento, una práctica prohibida por el Código Nacional de Recursos Naturales. De confirmarse, esta situación representaría un grave impacto para la quebrada San Lorenzo, fuente hídrica de la que dependen más de 12.000 habitantes de la región.
La denuncia señala que la primera concesión fue entregada en 1983 con una vigencia de diez años, pero que la compañía continuó operando tras su vencimiento en 1993. En 1996 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) renovó el permiso hasta 2006, sin embargo, entre 2006 y 2014, Coca-Cola habría extraído agua sin autorización. En 2014 recibió una nueva concesión hasta 2024, pero ahora la entidad estudia extenderla por un año más, pese a que la norma prohíbe prórrogas superiores a una década.
La representante enfatizó que este proceso desconoce los derechos de las comunidades locales y pidió que se suspenda de inmediato el trámite de prórroga. A su vez, exigió que se abra un nuevo proceso de concesión que contemple estudios técnicos actualizados, medidas de compensación ambiental y la participación activa de los habitantes de La Calera.
Organizaciones sociales y colectivos de abogados también han respaldado la denuncia. Señalan que la extracción industrial de agua en territorios donde las comunidades enfrentan problemas de suministro no es un hecho aislado. Investigaciones previas han revelado casos similares en Sesquilé (Cundinamarca) y Caloto (Cauca), donde empresas embotelladoras han sido cuestionadas por prácticas que afectan los ecosistemas locales.
Pizarro concluyó que este caso es un llamado urgente a la protección de los recursos hídricos en Colombia. “El agua es un bien público y no puede entregarse indefinidamente a una empresa privada. Defender el agua es defender la vida”, afirmó, al advertir que lo ocurrido con Coca-Cola puede sentar un precedente negativo en un país que ya enfrenta retos críticos por el cambio climático y la escasez de agua.
⇒Foto: Redes Sociales @delmarpizarro (Tomada el 19 de septiembre del 2025) / Publimetro
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