Contraloría alerta sobre riesgos en la expedición de pasaportes por la Imprenta Nacional
24 de Julio de 2025
Incertidumbre ante la transición del servicio a partir de septiembre pone en riesgo la continuidad
La Contraloría General de la República emitió una advertencia crítica sobre la capacidad de la Imprenta Nacional para asumir la expedición de pasaportes en Colombia a partir del 1 de septiembre de 2025, cuando finaliza el contrato con Thomas Greg & Sons. El organismo señaló un “riesgo latente de incumplimiento” en el proceso de estatalización impulsado por el presidente Gustavo Petro, destacando deficiencias en la preparación técnica y operativa de la Imprenta. Esta preocupación se suma a las advertencias previas de la Procuraduría, que también cuestionó la viabilidad de la transición. La falta de claridad en el plan pone en riesgo un servicio esencial para los ciudadanos.
El informe de la Contraloría revela inconsistencias en el acuerdo entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, particularmente en la selección de aliados estratégicos necesarios para ejecutar el nuevo modelo. No se han definido los criterios ni las modalidades para elegir estos socios, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad de la Imprenta para cumplir con los requerimientos técnicos. Uno de los aliados propuestos, la Casa de Moneda de Portugal, aún no ha completado ni la mitad del proceso de empalme necesario. Según estimaciones, la preparación total tomaría al menos 35 semanas, un plazo que excede ampliamente la fecha límite de septiembre.
La transición ha generado tensiones significativas dentro del gobierno. Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia y encargada de la Cancillería, advirtió que la Imprenta no está lista para asumir la expedición de pasaportes y sugirió prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons. Su renuncia, poco después de estas declaraciones, refleja las fricciones internas sobre este proceso. La destitución del excanciller Álvaro Leyva, sancionado por la Procuraduría por irregularidades en la licitación y por ejercer funciones durante su suspensión, agrava la crisis administrativa en torno a este tema.
La Cancillería, ahora liderada por la encargada Rosa Villavicencio, enfrenta el desafío de garantizar la continuidad del servicio. La próxima semana, Villavicencio deberá rendir cuentas ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se espera que presente un plan de contingencia para evitar interrupciones. La falta de avances concretos en el empalme con la Imprenta Nacional ha generado preocupación entre los congresistas, quienes exigen claridad sobre cómo se protegerá el derecho de los ciudadanos a obtener sus pasaportes sin demoras.
A pesar de las alertas, el Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que la entrega de pasaportes se realiza con normalidad por el momento. Sin embargo, la incertidumbre sobre la transición al nuevo modelo pone en riesgo la continuidad del servicio a partir de septiembre. La estatalización, aunque busca fortalecer el control público sobre la expedición de documentos, enfrenta críticas por la falta de una planificación sólida. La Contraloría subraya que, sin medidas urgentes, el proceso podría colapsar, afectando a miles de colombianos que dependen de este documento.
El caso destaca las dificultades de implementar cambios estructurales sin una preparación adecuada. La posible interrupción en la expedición de pasaportes no solo compromete un derecho fundamental, sino que también pone en entredicho la capacidad del gobierno para ejecutar proyectos de esta magnitud. La presión recae ahora en la Cancillería para diseñar un plan que evite un escenario de crisis, mientras la ciudadanía espera soluciones que garanticen un servicio eficiente y confiable en los próximos meses.
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