El Gobierno Nacional abrió investigaciones preliminares por posibles irregularidades en cámaras de fotodetección y crece el debate sobre la legalidad de millones de comparendos en el país.
El anuncio del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte sobre presuntas irregularidades en sistemas de fotodetección encendió el debate nacional sobre la validez de millones de fotomultas impuestas en ciudades como Bogotá y municipios de Cundinamarca. Las investigaciones están relacionadas con posibles incumplimientos en requisitos técnicos exigidos para la operación de cámaras electrónicas de tránsito.
Durante una entrevista radial, Joan José Botello aclaró que actualmente el proceso se encuentra apenas en una etapa preliminar de investigación. Según explicó, varios organismos de tránsito apenas comenzaron a recibir las notificaciones oficiales enviadas por el Gobierno Nacional sobre los comparendos cuestionados.
Botello señaló que cada autoridad territorial deberá revisar de manera individual los requerimientos realizados por el Ministerio y verificar si efectivamente existieron fallas técnicas, administrativas o incumplimientos en los certificados y conceptos de desempeño tecnológico exigidos para operar las cámaras de fotodetección.
El dirigente también mencionó que algunas ciudades todavía analizan el alcance real de las observaciones realizadas por las autoridades nacionales. Incluso citó el caso de Cúcuta, donde ciertas cámaras instaladas no estarían destinadas a sancionar exceso de velocidad, sino a otros tipos de control vial.
Frente a la posibilidad de anular comparendos o devolver dinero a conductores afectados, Botello aseguró que todavía no existe una decisión definitiva. Explicó que primero deberán surtirse todas las etapas administrativas y jurídicas correspondientes antes de determinar si las sanciones podrían perder validez o generar compensaciones económicas.
Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno Nacional mantiene el foco sobre millones de fotomultas emitidas en diferentes regiones del país. Las autoridades de tránsito locales, por su parte, insisten en que ejercerán su derecho a la defensa y aseguran que acatarán cualquier decisión final que emitan el Ministerio de Transporte y la Superintendencia sobre el funcionamiento de estos sistemas de detección electrónica.
Por: Daniel Martín
Foto: Caracol Radio
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