La estructura, instalada por el grupo ‘Los Tierreros’, era usada para simular habitabilidad en terrenos vendidos sin respaldo legal a familias vulnerables.
Las autoridades desmontaron una red eléctrica ilegal compuesta por ocho postes en la vereda Quiba, en Ciudad Bolívar. De acuerdo con la investigación, la instalación fue obra del grupo delincuencial conocido como Los Tierreros, que la utilizaba para conectar de forma fraudulenta energía proveniente de un barrio vecino y dar apariencia de urbanización a predios ofrecidos de manera ilícita.
Cada lote era vendido por cerca de 15 millones de pesos, bajo la promesa de ser terrenos habitables y con servicios básicos. Sin embargo, todo hacía parte de una estafa inmobiliaria que perjudicó a familias de bajos recursos. Según las autoridades, la banda no solo cometía hurto de energía, sino también fraude en la comercialización de terrenos sin documentos legales.
“Este caso demuestra la vulnerabilidad de quienes buscan acceder a una vivienda y la necesidad de desconfiar de ofertas con condiciones poco creíbles”, advirtió la Secretaría de Seguridad, que además recordó la importancia de verificar la legalidad de los predios antes de realizar cualquier compra.
Los ciudadanos pueden confirmar el estado jurídico de un lote o vivienda en Bogotá comunicándose al número 601 358 1600, extensión 6005, donde recibirán orientación sobre el registro y la propiedad del terreno.
No es el primer caso de este tipo que se detecta en la ciudad. En julio de 2025, Enel Colombia descubrió una conexión ilegal en una tintorería de Puente Aranda, que sobrepasaba en 86 % la carga permitida, generando pérdidas estimadas en 71,5 MWh, equivalentes a $72 millones. En el primer semestre del año, la Uaesp y Enel reportaron 14.641 casos de vandalismo o robo al alumbrado público, afectando más de 3.200 luminarias.
El hurto de energía está tipificado en el Código Penal colombiano como defraudación de fluidos, con sanciones que pueden llegar hasta 12 años de prisión y multas de hasta 150 salarios mínimos. Ante el incremento de estos delitos, las empresas del sector eléctrico han fortalecido sus operativos de inspección y denuncia junto con la Policía y la Fiscalía, para proteger la seguridad de los ciudadanos y garantizar la estabilidad de la red energética en la capital.
Foto: Air-e y Getty Images
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