El meteórico ascenso de Juliana Guerrero desata controversia en el gobierno Petro
22 de Julio de 2025
Joven de 22 años sin título universitario escala a cargos clave, generando críticas por su viaje en avión oficial
Juliana Guerrero, una joven de 22 años originaria de Codazzi, Cesar, ha captado la atención pública por su rápido ascenso en el gobierno de Gustavo Petro, a pesar de contar solo con un título de bachiller. Su trayectoria comenzó en la campaña presidencial de 2022, donde se vinculó al Pacto Histórico a través de René Hernández, coordinador de campaña en Cesar, tras participar en la Fundación Raíces Afro junto a su hermana Verónica. En tres años, Guerrero pasó de ser beneficiaria de subsidios estatales a ocupar la jefatura de Gabinete del Ministerio del Interior, un cargo de alto nivel que ha generado cuestionamientos por su falta de experiencia y formación académica.
La controversia se intensificó tras revelarse que usó un avión de la Policía Nacional para un viaje a Valledupar, acompañado de su hermana, lo que desató críticas sobre el uso de recursos públicos. El presidente Petro ha defendido públicamente a Guerrero, justificando el viaje como parte de una misión oficial.
Tras la elección de Petro, Verónica Guerrero fue contratada en Colombia Compra Eficiente por gestión de Stalin Ballesteros, quien también facilitó el ingreso de Juliana a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. Posteriormente, Juliana obtuvo un contrato en el Ministerio del Interior como enlace territorial, con un salario de $11.786.424, seguido de dos contratos de $3 millones cada uno con la Universidad Industrial de Santander (UIS). Además, trabajó como coordinadora de la Política de Paz en el Consejo Comunitario de Condoto. Estos nombramientos culminaron el 6 de marzo de 2025, cuando fue designada secretaria ejecutiva del Ministerio del Interior, con un salario de $4.141.829, y ascendida el mismo día a jefa de Gabinete, recibiendo una bonificación del 20%.
El ascenso de Guerrero ha levantado sospechas debido a las inconsistencias en su validación de experiencia. Solo se acreditaron cinco años en la Asociación para la Gestión de Asuntos de las Comunidades Negras Afrocolombianas, ya que los contratos con Transparencia por Colombia, la UIS y la coordinación de la “Paz Total” presentan fechas superpuestas o no verificables. A pesar de estas irregularidades, Guerrero ha consolidado una posición influyente, llegando a ser delegada en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), donde se gestionó una reforma estatutaria. Su participación en una reunión de la UPC en Aguachica, utilizando un avión y un helicóptero de la Policía, generó más críticas por el presunto uso indebido de recursos públicos.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra Guerrero por el viaje del 19 y 20 de junio de 2025, en el que habría trasladado a familiares y amigos en una aeronave oficial desde Bogotá a Valledupar y luego a Aguachica en un helicóptero Bell 212. El Ministerio del Interior afirmó que el desplazamiento estaba vinculado a la “Paz Total”, pero documentos revelan que el propósito real fue asistir a una reunión de la UPC, lo que contradice las justificaciones iniciales del ministro Armando Benedetti. La investigación busca esclarecer si hubo peculado por uso, analizando los motivos del vuelo, la lista de pasajeros y la carga transportada.
A pesar de su estatus como beneficiaria del Sisbén y de reportar ingresos promedio de $320.000 mensuales junto a su familia hace tres años, Guerrero ahora posee dos propiedades en Valledupar, se moviliza con escoltas de la UNP y frecuenta restaurantes exclusivos en Bogotá, luciendo prendas y joyas costosas. En su declaración de bienes, afirmó no poseer propiedades y tener ahorros en cero, lo que contrasta con su estilo de vida. Estas discrepancias han alimentado especulaciones sobre su rápida acumulación de riqueza y su influencia en el gobierno, donde se le atribuye un rol clave en decisiones estratégicas y nombramientos.
⇒Foto: Cambio Colombia
