Galán lanzó fuerte reclamo al Gobierno: Bogotá paga $50.000 millones al año en comida para presos

14 de Mayo de 2026

El alcalde de Bogotá cuestionó la política criminal del país y advirtió que a las ciudades les están trasladando responsabilidades sin recursos suficientes para asumirlas.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó duras críticas contra el Gobierno Nacional durante el foro “Capitales que construyen: diálogo Nación–Territorio”, donde habló sobre las fallas del sistema judicial, la política criminal y la crisis carcelaria que enfrentan las ciudades del país.

Durante su intervención, Galán aseguró que actualmente existe una preocupante desconexión entre las capturas realizadas por las autoridades y las decisiones judiciales. Según explicó, en Bogotá fueron capturadas cerca de 35.000 personas durante el último año, pero el 95 % recuperó su libertad, situación que, afirmó, genera sensación de impunidad entre la ciudadanía.

El mandatario distrital señaló que muchos delincuentes reincidentes continúan entrando y saliendo del sistema judicial sin consecuencias efectivas. Para Galán, el problema no radica únicamente en la acción de la Policía, sino en una política criminal que, según dijo, no está funcionando adecuadamente para garantizar castigos efectivos ni prevenir nuevos delitos.

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El alcalde también cuestionó el funcionamiento del sistema penitenciario colombiano. Indicó que las cárceles no están logrando romper los vínculos de los delincuentes con las estructuras criminales y advirtió que, en muchos casos, las personas salen de prisión con mayores niveles de peligrosidad y experiencia en actividades delictivas.

En medio de su discurso, Galán reconoció avances en la reducción del hacinamiento en las URI y estaciones de Policía de la capital, que pasó del 172 % al 42 %. Sin embargo, enfatizó que el reto sigue siendo enorme debido al crecimiento constante de personas privadas de la libertad y a las nuevas obligaciones económicas que deben asumir las administraciones locales.

Uno de los puntos más críticos de su intervención fue el costo que hoy enfrenta Bogotá por la alimentación de personas sindicadas, es decir, detenidos que aún no han sido condenados. El alcalde aseguró que la ciudad destina cerca de $50.000 millones de pesos anuales para cubrir este gasto, recursos que salen del presupuesto distrital. Por ello, pidió una reforma estructural que defina claramente las responsabilidades entre Nación, departamentos y municipios frente al sistema carcelario y la seguridad ciudadana.



Por: Daniel Martín

Foto: (X)AsocapitalesForo Presidencial ‘Capitales que construyen: diálogo Nación–Territorio’ / Alerta Bogotá

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