El IPES socializa las nuevas reglas para el aprovechamiento económico del espacio público, que incluyen acompañamiento social, procesos de relocalización y medidas para garantizar la movilidad y la seguridad.
El Instituto para la Economía Social (IPES) avanza en la socialización de los nuevos protocolos que regularán el aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá y que deberán cumplir más de 10.000 vendedores ambulantes vinculados a los programas de la entidad. La iniciativa busca establecer reglas claras para el desarrollo de actividades comerciales, garantizando el orden urbano y el respeto por el espacio público.
La medida cobra relevancia en una ciudad donde el IPES ha caracterizado históricamente a 95.040 vendedores informales, de los cuales más del 50 % son mujeres y el 33 % corresponde a personas mayores de 60 años. Para esta población, la venta informal representa una de sus principales fuentes de ingresos y sustento económico.
Según explicó la directora del IPES, Catalina Arciniegas, los protocolos buscan ofrecer un acompañamiento integral a quienes ejercen actividades económicas en el espacio público, al tiempo que garantizan el disfrute de estos espacios por parte de toda la ciudadanía. Además, establecen procedimientos claros tanto para los vendedores como para las entidades distritales encargadas de su implementación.
Los lineamientos incluyen la forma en que funcionan las autorizaciones para desarrollar actividades económicas en el espacio público, las responsabilidades de las entidades y de los comerciantes autorizados, así como la ruta institucional que debe seguirse durante los procesos de recuperación del espacio público, priorizando la caracterización de la población, la oferta de alternativas y el respeto por el debido proceso.
Asimismo, los protocolos fijan las condiciones para el uso adecuado del espacio público, con criterios orientados a proteger la movilidad, la seguridad peatonal y el libre acceso. También identifican las zonas donde está prohibida cualquier ocupación, como hidrantes, rutas de evacuación, infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), accesos peatonales y otros elementos esenciales para la atención de emergencias.
Uno de los aspectos centrales de la estrategia es que prioriza el acompañamiento social antes de cualquier actuación policiva. Para ello, se implementará una ruta en tres etapas: identificación y caracterización de la población, oferta de alternativas como procesos de relocalización, formación y acceso a programas del Distrito, y, únicamente cuando se hayan agotado estas opciones o exista una ocupación indebida flagrante, se procederá con acciones policivas, garantizando en todo momento el debido proceso.
Por: Daniel Martín
Foto: Getty Images. / Anadolu
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