
El exdirector del Dapre es requerido por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Ungrd, mientras crece la polémica por su residencia en Managua.
El presidente Gustavo Petro anunció que solicitará formalmente al gobierno de Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien es requerido por la justicia colombiana. A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario afirmó que, si González reside en ese país, se pedirá su remisión para que comparezca ante las autoridades nacionales.
La declaración de Petro se da en medio del debate público generado por la presencia de González en Managua, donde la Fiscalía lo busca por su presunta implicación en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exfuncionario enfrenta imputaciones por delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. Aunque se avanza en la solicitud de una circular roja de Interpol, esta aún no ha sido emitida, por lo que su captura fuera del territorio colombiano no sería inmediata.
El caso ha adquirido mayor complejidad debido a que González habría residido por varios meses en la sede diplomática de Colombia en Nicaragua. Según el exembajador León Fredy Muñoz, lo alojó en calidad de amigo y aseguró que los gastos corrían por cuenta de ellos mismos. No obstante, documentos revelados por medios nacionales indican que el exdirector del Dapre obtuvo la residencia nicaragüense el 21 de mayo de 2025, mismo día en que la Fiscalía formalizó las imputaciones en su contra.
Información de Noticias RCN señala que González ya contaba con residencia en Nicaragua desde diciembre de 2024, con vencimiento en junio de 2025. Un mes antes de su expiración, la Embajada de Colombia en Managua habría tramitado la renovación de su cédula de residencia ante el gobierno de Daniel Ortega, con una respuesta favorable y un costo fijado en 56 dólares. Esta gestión coincidió con el avance del proceso para emitir la circular roja de Interpol, lo que ha despertado cuestionamientos sobre un posible apoyo institucional al exfuncionario.
De acuerdo con W Radio, González vivió sin pagar alojamiento en la residencia diplomática entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, acompañado de su esposa, Luz Dana Leal, exdirectora del área de Empleo del Sena, así como de funcionarios de la embajada, incluido el propio Muñoz y el primer secretario Óscar Muñoz Giraldo. Este último aseguró que, cuando invitó a González, no existía orden de captura y que la renovación del documento se realizó después de su salida de la sede diplomática.
La Cancillería colombiana emitió un comunicado desvinculándose de cualquier trámite de residencia, señalando que la Nota Verbal enviada a Nicaragua no fue consultada ni autorizada por el Ministerio. La excanciller y actual embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, también negó conocer las solicitudes. El trasfondo del caso se relaciona con las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quien acusó a González de coordinar sobornos y contratos para congresistas con el fin de aprobar proyectos del gobierno. Las investigaciones por presunto encubrimiento y uso de la red diplomática para proteger a un fugitivo siguen abiertas, mientras el país permanece atento a las decisiones judiciales y diplomáticas que definirán el destino del exfuncionario.
⇒Foto: Leo Queen/Presidencia / Infobae
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