El organismo de control pidió acelerar la preparación técnica y normativa ante el fin de los contratos actuales y la entrada del nuevo modelo de prestación del servicio.
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SuperServicios) y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) para que aceleren su preparación ante el nuevo modelo de libre competencia en el servicio de aseo en Bogotá, que comenzará a regir en febrero de 2026, cuando finalicen los actuales contratos de concesión.
El organismo de control advirtió que esta transformación traerá consigo desafíos regulatorios, financieros y operativos que deben resolverse con tiempo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y proteger a los usuarios más vulnerables. Además, instó a las entidades a trabajar de forma coordinada con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para ajustar los marcos legales y tarifarios antes del cambio de modelo.
Con la nueva normativa, Bogotá dejará atrás el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASES), que dividía la ciudad en zonas asignadas a un solo operador. En adelante, los ciudadanos podrán elegir libremente su prestador de servicio, lo que busca incentivar la eficiencia, la competencia y la innovación en la recolección de residuos. Sin embargo, la Procuraduría advirtió que esta apertura también podría generar desequilibrios, si los operadores se enfocan solo en las zonas más rentables y descuidan las áreas más vulnerables.
El director de la UAESP, Armando Ojeda, aseguró que la entidad ya trabaja en la estructuración técnica y financiera del nuevo sistema, que incluirá ajustes tarifarios y mecanismos de supervisión para garantizar una cobertura equitativa en toda la capital. Según el funcionario, el propósito principal del cambio es modernizar el servicio de aseo y brindar a los ciudadanos la oportunidad de escoger el operador que mejor se adapte a sus necesidades.
La Procuraduría insistió en que la transición debe realizarse con planeación, transparencia y responsabilidad institucional, para evitar interrupciones en la prestación del servicio y asegurar que el nuevo modelo funcione de manera continua y equitativa.
Finalmente, el organismo de control subrayó que esta transformación representa un hito en la gestión de servicios públicos de Bogotá, pero también un reto para las autoridades, que deberán garantizar que la libre competencia no afecte la calidad, la cobertura ni el bienestar de los usuarios en ningún sector de la ciudad.
Foto: Uaesp / Blu Radio
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