
El ente de control detectó cinco fallas graves en el convenio firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, incluyendo violaciones a la ley de contratación y errores financieros.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarar la nulidad del convenio interinstitucional suscrito por la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de los nuevos pasaportes colombianos. La petición se basa en la existencia de cinco irregularidades graves que, según el Ministerio Público, comprometen la legalidad del proceso.
El procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, explicó que la entidad actuó en defensa de la ley y del interés general. Detalló que, tras una revisión preventiva, se evidenciaron omisiones en los procedimientos y fallas financieras que ponen en duda la validez del contrato.
Una de las principales observaciones radica en que la Casa de la Moneda de Portugal fue seleccionada sin un proceso de licitación, mediante un convenio interadministrativo que permitió evadir el Estatuto General de Contratación Pública. Según la Procuraduría, este mecanismo impidió la competencia y se utilizó una figura legal de forma inadecuada para justificar una contratación directa.
Además, el aporte económico del contratista extranjero no cumple con el porcentaje mínimo exigido por la ley. Mientras la normativa requiere al menos un 50 % de participación financiera para avalar este tipo de acuerdos, el aporte portugués fue solo del 21 %. A esto se suma que las vigencias futuras aprobadas para respaldar el contrato no siguieron el procedimiento establecido por el Estatuto Presupuestal, lo que podría poner en riesgo el uso de recursos públicos.
Otro de los hallazgos señalados por la Procuraduría es que los pagos fueron pactados en euros, una práctica que contraviene las normas del Banco de la República, las cuales establecen que los desembolsos deben realizarse en pesos colombianos. Según Melgosa, esta decisión introduce riesgos cambiarios que podrían afectar la estabilidad financiera del convenio, cuyo plazo es de diez años.
La entidad denunció que el contrato fue firmado sin la aprobación formal de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional, requisito indispensable en este tipo de acuerdos. Por este motivo, además de la acción de nulidad, se adelantan investigaciones disciplinarias contra los funcionarios involucrados. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca será el encargado de determinar si las irregularidades ameritan la anulación del contrato.
Foto: Blu Radio
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