El cierre de la sede en la Calle 13 obliga a miles de aprendices a desplazarse a otros puntos, mientras la Alcaldía defiende la medida por razones legales.
La situación de la sede del SENA en la Calle 13 de Soacha escaló este 19 de marzo a las calles, luego de que estudiantes y aprendices protagonizaran manifestaciones en rechazo al cierre del centro educativo. La decisión, que inicialmente parecía un trámite administrativo, ahora genera preocupación por su impacto económico y social en miles de jóvenes.
Los estudiantes denuncian que el traslado de sus actividades académicas hacia sectores como Ciudad Verde o incluso Bogotá implica un gasto adicional de hasta $150.000 mensuales en transporte. Para muchos, este costo representa una carga difícil de asumir y podría traducirse en deserción educativa.
El concejal Danny Caicedo, quien ha acompañado a los aprendices, aseguró que la medida pone en riesgo el futuro de miles de personas. Según sus estimaciones, cerca de 110.000 aprendices podrían verse afectados en sus procesos de certificación, mientras otros 10.000 estudiantes de colegios perderían la posibilidad de obtener su primer título técnico.
Desde la Alcaldía de Soacha, el alcalde Julián Sánchez “Perico” explicó que la situación responde al vencimiento del comodato que permitía el funcionamiento de la sede. El mandatario indicó que este acuerdo, firmado en 2018, fue prorrogado en varias ocasiones mientras se avanzaba en la construcción de una nueva infraestructura para el SENA en el municipio.
De acuerdo con la administración, el SENA solicitó una nueva extensión del comodato en enero de 2026, pero sin justificar plenamente la necesidad, dado que las condiciones iniciales habrían cambiado. Además, la Alcaldía señaló que la ley de garantías obliga a iniciar procedimientos administrativos que limitan la posibilidad de nuevas prórrogas.
Mientras el gobierno local insiste en que actúa conforme a la ley, los estudiantes reclaman soluciones inmediatas que no afecten su acceso a la educación. El debate sigue abierto entre argumentos jurídicos y realidades económicas, en medio de una preocupación creciente por el impacto que esta decisión puede tener en la continuidad académica de los jóvenes en Soacha.
Por: Daniel Martín
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