Tribunal declara responsable al Estado por la muerte de Dilan Cruz y ordena acto público de perdón

11 de Julio de 2026

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que hubo una falla en el servicio y un uso irregular de la fuerza durante las protestas de 2019.

Seis años después de la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina durante las manifestaciones del Paro Nacional de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró administrativamente responsable a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por los daños ocasionados a sus familiares. La decisión judicial concluyó que existió una falla en el servicio relacionada con la actuación de un integrante del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2019 en Bogotá, cuando Dilan Cruz participaba en una jornada de protesta y recibió un impacto en la cabeza con una munición tipo Bean Bag disparada desde un arma de dotación oficial. Días después falleció, convirtiéndose en uno de los casos más representativos del debate sobre el uso de la fuerza pública durante las manifestaciones sociales en Colombia.

En la sentencia, el tribunal sostuvo que la muerte del joven constituyó una grave violación de los derechos humanos y señaló que la Policía Nacional clasificó el elemento utilizado como un arma "menos letal", sin brindar información suficiente sobre su capacidad para causar lesiones graves o incluso la muerte. Según la corporación, esta situación afectó la adecuada aplicación de los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad que deben regir el uso de la fuerza.

El fallo también concluyó que la actuación estatal vulneró los derechos a la vida y a la protesta, al considerar que el procedimiento no estuvo precedido por una valoración adecuada de las circunstancias. Para los magistrados, el uso de la fuerza fue irregular y excesivo, además de generar un impacto social que trascendió el caso particular y afectó la confianza en el ejercicio del derecho a la manifestación.

Como medida de reparación integral, el Tribunal ordenó al comandante de la Policía Nacional realizar un acto público de reconocimiento institucional de responsabilidad y ofrecer disculpas a la familia de Dilan Cruz. Esta diligencia deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, como parte de las acciones encaminadas a reparar el daño ocasionado.

Además de la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, la decisión condenó a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional al pago de las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia del proceso, equivalentes a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. El fallo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites del uso de la fuerza pública durante las protestas y las responsabilidades institucionales cuando una intervención termina con la pérdida de una vida.

Por: Daniel Martín

Foto: Publimetro