Galán rechaza resolución ambiental de Petro y anuncia acciones legales

6 de Marzo de 2025

El alcalde de Bogotá advierte que la medida afectaría obras clave, la autonomía de la ciudad y el abastecimiento de agua.

La resolución del Ministerio de Ambiente que busca proteger la Sabana de Bogotá generó un fuerte enfrentamiento entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional. El alcalde Carlos Fernando Galán expresó su preocupación, afirmando que esta decisión pondría en riesgo más de 15 proyectos estratégicos y limitaría el desarrollo de la ciudad.
 
Galán anunció que emprenderá acciones legales para evitar que la resolución se haga oficial. Según el mandatario, la medida carece de justificación técnica y afectaría a más de 600.000 personas. Además, señaló que el Gobierno Nacional no ha presentado pruebas suficientes que respalden la necesidad de restringir la intervención en estos ecosistemas.
 
Entre las medidas que contempla la Alcaldía se encuentra la solicitud formal de eliminación del documento y la apertura de mesas de diálogo con comunidades y gobiernos locales. En caso de que la resolución se oficialice, Galán advirtió que tomará acciones disciplinarias y penales contra los responsables de su implementación. Los proyectos que se verían afectados incluyen la ALO Norte, el Metro de Bogotá, la ampliación de la Autopista Norte, el puente Bogotá-Soacha, el corredor de la Séptima y la renovación del Aeropuerto El Dorado. Asimismo, la restricción impediría la intervención en los embalses de Chuza y San Rafael, fundamentales para el abastecimiento de agua, lo que podría generar una crisis hídrica.
 
La exalcaldesa Claudia López se sumó a las críticas, calificando la resolución como una imposición ilegal que obstaculiza el desarrollo de la ciudad. Por otro lado, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, defendió la medida, argumentando que la Sabana ha sido reconocida como un ecosistema de interés nacional desde 1993 y que su preservación es fundamental para garantizar fuentes hídricas sostenibles.
 
Galán también alertó sobre el impacto social de la resolución, que afectaría a 172.000 familias que viven en zonas declaradas como humedales y dejaría en incertidumbre a otras 120.000 viviendas en proceso de construcción. Además, más de 115.000 niños, 26.000 adultos mayores y 20.000 micronegocios estarían en riesgo. El alcalde concluyó que la decisión del Gobierno compromete la autonomía de Bogotá y afecta su planificación a largo plazo.

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Escrito por: Daniel Martín 

⇒Foto: Alcaldía de Bogotá / RCN Radio